Video | Claudia Sheinbaum y las desapariciones en México

SOMOSMASS99

Ana Leticia / SomosMass99

Miércoles 15 de abril de 2025

El jueves 2 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU emitió un informe acerca de las desapariciones en México, basado en un análisis de datos de 2009 hasta 2017 en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.

Lo que llama la atención es la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. A la defensiva, haciéndolo sentir como un tema de ataque personal más que una solicitud abierta al análisis de las desapariciones en nuestro país y, por su puesto, para su atención, calificó el informe de “tendencioso” por no tomar en cuenta las aportaciones del actual gobierno federal. Y eso que en el informe solo se tomaron en cuenta cuatro estados, sin considerar a Tamaulipas y Chihuahua (Ciudad Juárez), famosos por sus titulares de desapariciones casi diarias en el periodo del informe.

Si bien en 2017 se promulgó la Ley contra las Desapariciones Forzadas en México, el enfoque dio un giro para centrarse en la delincuencia organizada y hacer a un lado la impunidad promovida por la participación directa, indirecta u omisa de distintos servidores públicos locales (y nacionales) en las desapariciones, lo que terminó por fomentar este fenómeno.

Este punto es de vital importancia y así es indicado en el informe de la ONU, tal como lo recalca Juan Albán Alencastro, presidente del Comité: «El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil».

El gobierno mexicano ha hecho aportaciones a la atención de las desapariciones forzadas, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) que inició funciones el 7 de marzo de 2018; del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), creado el 13 de mayo de 2022, y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), aprobado el 5 de diciembre de 2018. Sin embargo, estas instituciones enfrentan una crisis de insuficiencia de recursos económicos, materiales y humanos para la identificación de los más de 72 mil restos que requieren identificación genética y odontológica.

Tales aportaciones deben reconocerse, sin duda. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum ignora algo fundamental que destaca el informe de la ONU: la importancia del apoyo a la población civil para romper los patrones de impunidad y revictimización, partir de reformas estructurales para prevenir las desapariciones, fincar responsabilidades a todas las partes involucradas en las desapariciones forzadas, sean de ámbitos públicos o particulares.

Sería bueno hacerle llegar a la presidenta el informe completo, que lo lea a fondo y, lejos de tomarlo como algo personal o contra su gobierno, lo asuma como un impulso de cooperación y apoyo para realmente atacar el problema de raíz. Si tanto se asegura que el gobierno de Sheinbaum ha hecho las cosas correctamente, lo más sencillo y beneficioso sería sumar sus argumentos al debate. No la descalificación.