Guerra, cancillerías europeas y el uso político de las mociones de censura

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Lorenzo María Pacini*

Lunes 19 de octubre de 2026

Estados Unidos negocia con Moscú y Europa se queda comentando. El "no es asunto suyo" de Zajárova, lo dice todo.

Una sesión del Senado

El 14 de octubre de 2026, en su discurso ante el Senado antes del Consejo Europeo, Giorgia Meloni hizo algo que, hasta hace solo unos años, habría parecido impensable para un gobierno italiano de derechas: se distanció públicamente del presidente de Estados Unidos para defender una postura aún más intransigente que la suya. El tema principal era el acuerdo sobre el gasóleo anunciado por Donald Trump tras una llamada telefónica con Vladimir Putin, acompañado de una licencia temporal del Tesoro de EE.UU. que reabre el mercado global al combustible ruso. Para el primer ministro, esta es una decisión "muy arriesgada": legitima Moscú mientras caen bombas sobre ciudades ucranianas, le proporciona nuevos ingresos y debilita el poder de las sanciones. Durante la misma sesión, Meloni argumentó que Putin busca un nuevo enemigo, y que ese enemigo podría ser Europa; y que una Ucrania que dejara de defenderse no lograría la paz, sino la ocupación.

Adiós al reportaje de noticias. El resto quedó en manos de la cámara y de los periódicos. Los aplausos de la mayoría se unieron a los de una parte de la oposición: Azione, Italia Viva y el ala reformista del Partido Democrático. La Stampa enmarcó el apoyo a Kiev como una cuestión de valores y fronteras, esas fronteras que "se están defendiendo allí."

También hay un detalle que habla más que muchos análisis. Cuando la ANSA le preguntó, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, desestimó las declaraciones de la primera ministra con una respuesta seca: "No es asunto suyo." Al mismo tiempo, Volodymyr Zelenskyy estaba en Londres, recibido por el primer ministro Andy Burnham y denunciando la restricción de los servicios militares satelitales prestados al ejército ucraniano. Elon Musk, por su parte, aclaró que la red StarShield pertenece al gobierno estadounidense y que cualquier restricción depende del ejército estadounidense y, en última instancia, del presidente. Washington trata con Moscú; Moscú responde a Washington. Roma se aplaude a sí misma. Patético, ¿verdad?

No es un caso exclusivamente italiano

Sería un error considerar la sesión del 14 de octubre simplemente como un episodio de política interna. La postura de Italia es la manifestación nacional de un marco que hoy une casi todas las capitales europeas y que tiene tres reglas. La primera: el conflicto en Ucrania se presenta como un choque existencial entre civilizaciones políticas, en el que cualquier compromiso equivale a una rendición. La segunda: la amenaza rusa se proyecta más allá de Ucrania, hacia territorio de la UE, para que el rearme sea una necesidad indiscutible. La tercera, la más insidiosa: la disidencia interna se atribuye a la influencia del enemigo.

Alemania ofrece el ejemplo más claro. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, que ya en 2023 había pedido que el país se convirtiera en kriegstüchtig —capaz de hacer la guerra— y que desde entonces ha señalado un plazo de solo unos pocos años en los que Rusia podría atacar a un miembro de la Alianza, ha argumentado en los últimos días que el miedo generalizado a la guerra en la sociedad alemana está siendo alimentado deliberadamente por Putin y la AfD. Esta línea de razonamiento merece atención. En un país que perdió millones de vidas en las dos guerras mundiales, el miedo a un nuevo conflicto no necesitaría que agentes externos se expliquen. Atribuirlo a Moscú y al principal partido de la oposición significa transformar un sentimiento político legítimo en un asunto de seguridad nacional.

El mismo patrón se repite en otros lugares, aunque con matices diferentes. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, se atribuye el mérito de los ataques ucranianos a refinerías e infraestructuras rusas; su homólogo alemán, Johann Wadephul, sostiene que ahora no es el momento de aliviar las sanciones, sino de endurecerlas. Francia, Alemania y el Reino Unido actúan como un bloque negociador, tanto que la propia Meloni ha pedido que lo hagan al menos con un mandato formal de todos los socios. Estas palabras están respaldadas por números: el plan ReArm Europe presentado por la Comisión en marzo de 2025; el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN en La Haya de aumentar el gasto en defensa y seguridad al 5% del PIB para 2035; y el préstamo de 90.000 millones a Kiev aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2025. Esta retórica no es la excentricidad de algún ministro; es literalmente el idioma oficial de la Unión – y, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a él.

Una postura tonta y contraproducente

Llamar a este enfoque tonto no es una hipérbole polémica, si por "necedad" entendemos la persistencia obstinada en repetir comportamientos que produce efectos opuestos a los declarados. Esto se evidencia en tres niveles.

La primera es estratégica. La teoría de la disuasión nos ha enseñado durante décadas que una amenaza solo vale tanto como la credibilidad de quien la crea, y que la credibilidad depende de la capacidad de respaldar las propias palabras con acciones. La Europa actual está subiendo el tono sin contar con las herramientas que lo respalden. El caso Starlink lo ha demostrado con una claridad casi de manual: el ejército ucraniano, que los europeos financian y fomentan, depende para las comunicaciones y la guía de drones de infraestructuras propiedad de una empresa estadounidense y controladas por el Pentágono. Solo hace falta una decisión en Washington para que parte de las operaciones se detenga. Prometer la victoria en una guerra en la que no se controlan los satélites es una forma de hipocresía estratégica, y los adversarios lo ven por lo que es.

El segundo aspecto es, por supuesto, económico. Ya en 2024, el informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea identificó la diferencia de precios de la energía respecto a Estados Unidos como uno de los factores detrás del retraso industrial del continente. Desde entonces, el rechazo a los hidrocarburos rusos se ha convertido en dogma; la guerra en Irán ha hecho que los precios del combustible suban aún más; y el compromiso de gastar el 5% del PIB en defensa promete absorber recursos que los presupuestos públicos simplemente no tienen – salvo a costa de la sanidad, las pensiones y las inversiones civiles. La paradoja es clara: así como Washington, por razones puramente internas ligadas a las elecciones de mitad de mandato, busca diésel barato incluso desde Moscú, los gobiernos europeos presumen de que pagan más por la energía que sus competidores como un principio moral.

El tercer nivel es diplomático, y quizás el más decisivo. Una política exterior que excluya la negociación por principio se condena a quedar fuera de las negociaciones cuando finalmente comienzan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo: Estados Unidos y Rusia están negociando acuerdos energéticos, el ritmo de la guerra y los términos de una posible tregua, mientras Europa solo comenta. La respuesta de Zajárova al primer ministro italiano no es simplemente un desaire diplomático.

Es la medida exacta del peso que Moscú atribuye actualmente a las capitales europeas. Se puede debatir si es correcto; Es más difícil argumentar que sea una descripción incorrecta.

El precio de la credibilidad

Sin embargo, el daño más profundo no se mide en primera línea ni siquiera en los mercados. Se mide en la relación entre instituciones y ciudadanos. Cuando la brecha entre lo que se proclama y lo que realmente ocurre se hace visible a simple vista, el discurso público pierde su valor. Durante cuatro años, a los ciudadanos europeos se les ha dicho repetidamente que la derrota de Rusia está cerca, que las sanciones la están poniendo de rodillas y que cada nuevo paquete de ayuda será el decisivo. Ahora ven a su principal aliado negociando con Moscú, Ucrania depende de las decisiones tomadas en Washington y sus propios gobiernos aumentan el gasto militar mientras los servicios públicos se deterioran. No se necesita ninguna campaña de desinformación extranjera para fomentar la desconfianza. Basta con una simple comparación entre retórica y resultados.

Esta desconfianza proviene de una crisis de representación con raíces más profundas. Hace aproximadamente una década, en su libro *Gobernando el vacío*, Peter Mair describió —con mucha antelación— el retiro de los partidos políticos de la sociedad hacia el Estado, y la separación gradual entre el gobierno responsable —es decir, fiel a las limitaciones externas— y el gobierno representativo, es decir, uno que responde a las demandas de los votantes. Junto con Richard Katz, acuñó el término "partido del cártel" para describir formaciones políticas que compiten en el ámbito electoral pero comparten la gestión de los recursos y las decisiones políticas fundamentales. Los aplausos multipartidistas del 14 de octubre son una ilustración casi perfecta de ese modelo. En un tema de importancia vital —el coste de la energía y el destino de la industria— los votantes que discrepan no encuentran alternativa política en el Parlamento que les represente.

Los efectos son evidentes para todos. En Francia, los gobiernos caen uno tras otro sin que surja una mayoría estable. En Alemania, la coalición gobernante gobierna con la oposición más fuerte de la posguerra respirándole en la nuca. En Italia, la abstención se ha convertido en el mayor "partido". Los procedimientos permanecen intactos, las elecciones se celebran regularmente, pero se toman decisiones importantes en otros lugares y la votación acaba simplemente confirmando elecciones que ya se han tomado.

Gobernar a través de la desconfianza

En este punto, surge una pregunta menos obvia. Si la desconfianza daña a las instituciones, ¿por qué las clases dirigentes europeas continúan por un camino que la alimenta? La respuesta más sencilla sería la incompetencia. Pero hay una hipótesis más sólida que explica mejor los hechos: la desconfianza, dentro de ciertos límites, es un recurso para la gobernanza.

Así es como funciona el mecanismo. Un electorado desilusionado se fragmenta, se abstiene de votar y se dispersa entre partidos nuevos e inestables. La fragmentación conduce a la ingobernabilidad; La ingobernabilidad, a su vez, hace indispensables las grandes coaliciones "responsables", los gobiernos tecnocráticos y los acuerdos interpartidistas —que mantienen fuera del poder a fuerzas consideradas poco fiables. Cuanto más inestable es el sistema, más necesario se vuelve el centro, ya que promete estabilidad. La crisis de representación, en lugar de debilitar a los que ostentan el poder, consolida su posición, porque los convierte en el único baluarte frente al caos que la crisis misma ha producido.

La guerra perfecciona este mecanismo de dos maneras. Primero, permite que la disidencia se trate como un asunto de seguridad. Cuando el miedo al conflicto se atribuye a Putin y a la oposición, quienes piden negociaciones dejan de ser adversarios políticos y se convierten en vehículos de influencia enemiga. Carl Schmitt identificó el estado de excepción como el lugar donde se revela la soberanía; Giorgio Agamben ha demostrado cómo la excepción tiende a convertirse en una técnica ordinaria de gobierno.

Un estado de emergencia permanente —ya sea relacionado con la salud, financiera o militar— elimina la toma de decisiones del debate democrático y la confía a quienes se presentan como garantes de la supervivencia colectiva. En segundo lugar, la guerra justifica trasladar la toma de decisiones a foros fuera del control electoral: la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la OTAN y formatos de grupos pequeños como el E3.

Debemos ser precisos en un punto, para no caer en la caricatura. Esta interpretación no presupone un plan acordado en alguna habitación secreta. No hace falta eso. Basta con que los intereses se crucen: las industrias de defensa ven aumentar los pedidos, las burocracias europeas adquieren nuevos poderes, los partidos gobernantes encuentran una razón de ser en el estado de emergencia y los grandes conglomerados mediáticos que promueven movilización moral. Cada uno actúa en su propio interés, y la suma de estos intereses produce un sistema auto-perpetuante. Estamos, a todos los efectos, en una "crisis orgánica" gramsciana: la fase en la que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en la que proliferan fenómenos mórbidos. La gestión de la desconfianza es uno de esos fenómenos: una forma de sobrevivir a la crisis sin resolverla.

Ganar a cualquier precio

La última pregunta sigue siendo, y es la más seria. ¿Qué están dispuestas a sacrificar estas élites para salir victoriosas de la fase actual? Mirando atrás en los últimos años, la respuesta es que parte del sacrificio ya se ha hecho. La política se sacrificó cuando las decisiones fundamentales se desplazaron fuera de los parlamentos y la distinción entre mayoría y oposición se volvió meramente ornamental. La economía fue sacrificada cuando la competitividad industrial del continente quedó subordinada a objetivos geopolíticos establecidos en otros lugares, aceptando precios energéticos insostenibles y el riesgo muy real de desindustrialización. Quienes ya han renunciado a estos dos pilares tienen poco que perder en cuanto al tercero: el coste humano.

Por ahora, ese coste lo asumen principalmente los ucranianos. Incluso miembros de la Verkhovna Rada que apoyaron celosamente la línea de la guerra total —como Mar'jana Bezuhla— o que se han distanciado de ella —como Anna Skorochod— describen un país con infraestructuras destruidas, movilizaciones forzadas marcadas por abusos y una población al borde del colapso, y admiten que el conflicto se ha convertido en una oportunidad de negocio para algunos; pero el coste también empieza a recaer sobre las sociedades europeas: en los presupuestos públicos, en los salarios erosionados por la inflación energética y en la idea —ahora expresada sin vergüenza por los ministros en ejercicio— de que debemos acostumbrarnos a la perspectiva de luchar.

Aquí, la retórica de la guerra revela su función más profunda, pues no sirve para ganar la guerra contra Rusia, que ningún gobierno europeo tiene los medios para ganar por sí solo. Sirve para ganar la batalla interna, para mantener el control sobre sistemas políticos que ya no pueden generar consenso y que necesitan un enemigo externo que justifique su existencia continuada. En este sentido, el coste humano no es un efecto secundario del cálculo. Es una variable, ajustada según la conveniencia del momento, en la perpetua danza de la muerte que es el utilitarismo político.

Hay una alternativa, y no equivale a una rendición: consiste en devolver la diplomacia al centro de la política exterior europea, reconocer que un orden internacional ahora multipolar no puede gobernarse por cruzadas morales, y devolver a los parlamentos y a los votantes el poder de decidir sobre la guerra y la paz. Los indicadores para medir si algo está cambiando son concretos: el mandato que el próximo Consejo Europeo confiará —o no— a los negociadores; el destino del régimen de sanciones tras la exención estadounidense sobre el gasóleo; y la estabilidad de los presupuestos nacionales frente al objetivo del 5%.

Mientras la respuesta siga siendo la aplaudida el 14 de octubre, Europa seguirá pagando un precio cada vez mayor por una guerra que no controla, mientras que quienes la gobiernan encontrarán en su propia inestabilidad la razón para permanecer donde están.

* Lorenzo Maria Pacini es profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.

Fuente: Strategic Culture Foundation.

Imagen de portada: | Foto: Strategic Culture Foundation.

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