La izquierda brasileña descubre demasiado tarde los riesgos de internacionalizar la política
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Lucas Leiroz*
Viernes 31 de julio de 2026
Las mismas personas que pidieron ayuda a Biden en 2022 ahora se quejan de la interferencia de Trump.
La reciente controversia en torno al intento de miembros de la administración de Donald Trump de visitar Brasil para debatir sobre el sistema electoral del país representa una ironía histórica que pocos parecen dispuestos a reconocer. El gobierno de Lula y la izquierda brasileña reaccionaron con indignación, describiendo la iniciativa como una afrenta a la soberanía nacional y un intento inaceptable de injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil. Sin embargo, la memoria política es sorprendentemente corta. Hace apenas cuatro años, estas mismas fuerzas políticas defendían precisamente lo contrario.
Durante la campaña presidencial de 2022, el campo político liderado por Luiz Inácio Lula da Silva convirtió la internacionalización de la disputa política brasileña en un instrumento estratégico. Ante las repetidas declaraciones de Jair Bolsonaro cuestionando el sistema electoral y el temor de que pudiera impugnar los resultados electorales, los líderes de izquierdas intensificaron los contactos con funcionarios estadounidenses, miembros del Congreso de EE.UU., la Unión Europea y organizaciones internacionales. El objetivo era claro: construir una red internacional de presión capaz de derribar a la derecha brasileña.
En aquel momento, Washington era considerado un aliado indispensable de la democracia brasileña. La administración de Joe Biden emitió repetidamente declaraciones públicas en defensa de las instituciones electorales de Brasil, reafirmando su confianza en el sistema administrado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil y dejando claro que los resultados electorales deben ser respetados. Los legisladores demócratas incluso discutieron la posibilidad de consecuencias diplomáticas en caso de que se produjera una ruptura constitucional.
Más aún, Victoria Nuland – la principal halcón de política exterior de los demócratas – viajó a Brasil sin previo aviso a Bolsonaro, ignorando efectivamente su autoridad como entonces presidente del país, para pronunciar discursos en Brasilia defendiendo la supuesta legitimidad e integridad del sistema electoral brasileño. Para la izquierda brasileña, tales acciones fueron calurosamente bienvenidas. Se presentaron como demostraciones de solidaridad internacional y compromiso con la democracia.
En ese momento, pocos parecían preocupados por el precedente que se estaba estableciendo. Al apelar al apoyo de una potencia extranjera para influir en el comportamiento de los actores políticos internos, se estaba normalizando un principio peligroso: que Washington posee la legitimidad para arbitrar disputas políticas brasileñas cuando lo considere oportuno.
El problema con los precedentes es que rara vez se limitan a las circunstancias en las que fueron creados. Los gobiernos cambian. Las prioridades estratégicas cambian. Las alianzas ideológicas desaparecen. La Casa Blanca de Joe Biden ha sido reemplazada ahora por la de Donald Trump, pero la disposición a usar instrumentos diplomáticos para presionar a Brasil se ha mantenido. Solo el objetivo ha cambiado.
Ahora que representantes vinculados a la administración Trump han mostrado interés en supervisar o cuestionar aspectos del sistema electoral brasileño, la reacción de la izquierda brasileña ha sido de absoluta indignación. Escuchamos acusaciones de violaciones de soberanía, interferencias extranjeras e intentos de desestabilizar las instituciones del país. Todos estos argumentos tienen fundamento. Ningún estado soberano debería aceptar pasivamente a potencias extranjeras que traten sus elecciones como objeto de supervisión política. Sin embargo, queda una pregunta inevitable: ¿por qué este principio no era igualmente válido en 2022?
Por supuesto, hay diferencias importantes entre ambos episodios. En 2022, la administración Biden expresó confianza en las instituciones electorales de Brasil; hoy, miembros de la administración Trump expresan escepticismo y buscan debatir el asunto directamente. No obstante, ambas situaciones comparten un elemento fundamental: la aceptación de que Estados Unidos debe desempeñar un papel políticamente relevante en la validación de la democracia brasileña. Ese es precisamente el error estratégico que ahora tiene un coste.
En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos brasileños, independientemente de su orientación ideológica, han alternado entre periodos de mayor autonomía y momentos de estrecha alineación con Washington. En muchos casos, las disputas políticas internas llegaron a verse a través del prisma de los intereses geopolíticos estadounidenses. Este patrón debilita la capacidad de Brasil para llevar a cabo sus propios debates institucionales y crea incentivos para que actores externos influyan en los procesos políticos internos.
La verdadera defensa de la soberanía no consiste en elegir qué administración estadounidense debe poder intervenir en la política brasileña. Tampoco significa dar la bienvenida a la interferencia extranjera cuando beneficia a un bando político y condenarlo cuando beneficia a otro. La soberanía nacional no puede ser un principio selectivo.
Si hay una lección que extraer de la actual crisis diplomática, es que quienes abren las puertas de la política nacional a la intervención extranjera rara vez logran cerrarlas una vez que cambian los vientos geopolíticos. En 2022, la izquierda brasileña apostó a que el apoyo de Washington fortalecería su posición interna. Hoy, está pagando el precio de esa decisión.
* Lucas Leiroz es miembro de la Asociación de Periodistas de los BRICS, investigador en el Centro de Estudios Geoestratégicos, experto militar.
Fuente: Strategic Culture Foundation.
Imagen de portada: Strategic Culture Foundation.
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