Estados Unidos controla quién puede participar en las actividades de la ONU
SOMOSMASS99
Eduardo Vasco*
Viernes 10 de julio de 2026
Desde Arafat en 1988 hasta las prohibiciones de viaje de Trump, Washington convierte el Acuerdo de Sede en un arma. Acoger la ONU significa espiar, cooptar y silenciar.
En 2025, la administración de Donald Trump volvió a imponer restricciones de viaje a ciudadanos de varios países, especialmente en África, Oriente Medio y el Caribe. Las medidas ya han producido efectos concretos en eventos internacionales celebrados en Estados Unidos. Uno de los casos más conocidos fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le impidió entrar en el país y, en consecuencia, arbitrar en el Mundial de 2026 a pesar de haber sido seleccionado por la FIFA.
Más allá de su impacto en el deporte, las restricciones generaron aún mayores preocupaciones en las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Nueva York, ya que podrían dificultar la participación de diplomáticos y representantes de los estados miembros en el trabajo de la organización. De hecho, la administración Trump revocó o denegó visados a Mahmoud Abbas y a unos 80 miembros de la Autoridad Palestina y la OLP antes de la apertura de la sesión anual de 2025 de la Asamblea General. A varios miembros de la delegación somalí también se les negaron los visados, lo que les impidió participar en la reunión.
Poco después de que la Casa Blanca anunciara las restricciones de viaje, el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, se lavó las manos del asunto y, en la práctica, se puso del lado de Trump afirmando que corresponde a cada país decidir cómo controla sus fronteras y quién puede entrar en su territorio. Nadie es tan ingenuo como para creer que si Somalia o Palestina hubieran adoptado tales medidas, y los representantes afectados fueran estadounidenses, la posición de Dujarric habría sido la misma.
Según él, la orden ejecutiva indicaba que los diplomáticos, titulares de visados G4 y el personal de las Naciones Unidas estaban exentos de las nuevas restricciones. Añadió que Estados Unidos, como país anfitrión de la sede de la ONU, tiene obligaciones derivadas de tratados internacionales para facilitar el movimiento del personal y delegados de la organización, señalando que estas responsabilidades estaban contempladas en el decreto presidencial.
Pero esto no es nuevo. Estados Unidos ha negado durante mucho tiempo la entrada a representantes de países indeseables. Aunque las restricciones de viaje de Trump son especialmente escandalosas, administraciones anteriores también negaron o limitaron el acceso a los representantes de los estados miembros.
A lo largo de las décadas, diplomáticos de países sujetos a sanciones o restricciones, como Sudán, Irán y Venezuela, han sufrido retrasos o denegaciones para obtener visados para asistir a reuniones de la ONU. Estas prácticas han dejado efectivamente al basura el Acuerdo de Sede de 1947, a pesar de su requisito de que Estados Unidos, como país anfitrión, permita la entrada de representantes acreditados de los estados miembros.
A finales de los años 40, Estados Unidos prohibió la entrada en organizaciones no gubernamentales vinculadas al Partido Comunista Italiano, que formaba parte del gobierno italiano. En 1988, durante la administración de Ronald Reagan, Yasser Arafat fue impedido de entrar al país para dirigirse a la Asamblea General de la ONU por motivos de seguridad nacional. En respuesta, la Asamblea celebró en Ginebra su sesión dedicada a la cuestión palestina, con la presencia de Arafat, líder de la OLP, una organización ya reconocida en ese momento como representante de Palestina ante la ONU.
Estados Unidos también denegó la entrada al diplomático iraní Hamid Aboutalebi, quien en su juventud había participado en la crisis de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Años después, cuando fue nombrado embajador de Irán ante la ONU, se le negó la entrada.
En las últimas décadas, los casos relacionados con la concesión de visados a ciudadanos de Cuba, Rusia y Venezuela se han vuelto frecuentes. Washington ha sido acusado de utilizar solicitudes de visado como herramienta para restringir el acceso diplomático a la sede de la ONU en Nueva York, violando así sus obligaciones legales como país anfitrión.
Los cubanos están entre los diplomáticos que más frecuentemente han denunciado violaciones del Acuerdo de Sede de la ONU.
Un caso emblemático ocurrió en 2006. El diplomático Rodolfo Benítez, entonces consejero en la misión de Cuba ante la ONU, recibió autorización para participar en un seminario para diplomáticos de misiones permanentes ante la ONU celebrado en West Point. Aunque aproximadamente 40 diplomáticos de varios países estaban autorizados a asistir, Estados Unidos negó la autorización de viaje al representante cubano. Cuba denunció la medida ante el Comité de Relaciones de la ONU con el país anfitrión, argumentando que la decisión era discriminatoria y perjudicaba el funcionamiento normal de la misión.
En 2007, Washington volvió a denegar la autorización para que dos diplomáticos cubanos abandonaran el área restringida de 25 millas alrededor de Columbus Circle en Manhattan para participar en una reunión informal del Grupo de Trabajo sobre el Crimen de Agresión celebrada en la Universidad de Princeton. La Habana protestó formalmente ante la ONU.
Además, durante décadas los diplomáticos cubanos —así como los diplomáticos norcoreanos y sirios— acreditados ante la ONU estuvieron sujetos a severas restricciones de viaje dentro de Estados Unidos, permitiéndose circular solo dentro de un área limitada alrededor de la ciudad de Nueva York. La Asamblea General adoptó repetidamente resoluciones que exigían la eliminación de estas restricciones.
Durante la administración de Barack Obama, la delegación sudanesa acusó a Washington de violar el Acuerdo de Sede al negar un visado al entonces presidente sudanés Omar al-Bashir. Se suponía que debía liderar la delegación sudanesa durante los debates anuales de la Asamblea General. Estados Unidos argumentó que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional obligaría a las autoridades estadounidenses a arrestarlo si se le permitía entrar en el país. Sin embargo, Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma y ha recibido varios funcionarios sujetos a órdenes de arresto de la CPI, incluyendo, más recientemente, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
En 2024, bajo la administración de Joe Biden, la representación de China ante la ONU informó al Comité de Relaciones con el país anfitrión, un organismo vinculado a la Asamblea General, de que Washington había denegado repetidamente visados al personal responsable de mantener las instalaciones de la misión china.
El representante chino llamó la atención sobre la Resolución 78/116 de la Asamblea General, subrayando que los privilegios e inmunidades de las delegaciones y misiones diplomáticas no pueden ser restringidos debido a las relaciones bilaterales del país anfitrión. El diplomático instó a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones y a emitir los visados sin demora.
Las quejas de diplomáticos y del público aumentaron significativamente durante la primera administración Trump. En 2019, Rusia e Irán llegaron incluso a interrumpir el trabajo de ciertos comités de la Asamblea General en protesta por la denegación de visados a diplomáticos de ambos países. Irán declaró que 58 representantes enfrentaban restricciones para participar en la sesión inaugural anual de la Asamblea, mientras que Rusia informó que 18 diplomáticos aún carecían de visados.
Impedir que los delegados participen en actividades de la ONU socava gravemente la política exterior de los países afectados. Según los expertos, los países actualmente incluidos en las listas de restricciones de Trump pueden obtener visados solo para un número limitado de representantes, lo que dificulta que participen simultáneamente en diferentes reuniones. Las misiones diplomáticas de estos países también enfrentan dificultades para incorporar expertos técnicos, lo que reduce la calidad de la participación en debates especializados. Además, los altos dirigentes de las naciones afectadas quedan incapaces de llevar a cabo reuniones y negociaciones bilaterales y multilaterales, y es bien sabido que las conversaciones entre bastidores son de las actividades más valiosas en las reuniones celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Somalia ilustra este problema. Actualmente es miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el país aparece en la lista de restricciones de Trump. En febrero de 2025, incluso votó a favor de una resolución patrocinada por Estados Unidos sobre un "camino hacia la paz" respecto a la guerra en Ucrania—es decir, ni siquiera ceder ante los dictados estadounidenses permitió al país africano escapar de la sanción. Un diplomático somalí declaró al sitio web PassBlue que el país ya se enfrentaba a estrictos controles en la emisión de visados a diplomáticos y que las nuevas medidas también podrían perjudicar a estudiantes y empresarios somalíes.
En 1947, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Sede, comprometiéndose a permitir la entrada de personas esenciales para el funcionamiento de la ONU. Sin embargo, posteriormente, el Congreso de EE. UU. añadió una cláusula que preserva el derecho del país a negar la entrada por motivos de seguridad nacional. La ONU impugnó esta incorporación, argumentando que no formaba parte del acuerdo original.
La controversia persistió hasta que se llegó a un acuerdo con el entonces Secretario General Dag Hammarskjöld. Se acordó que Estados Unidos notificaría al Secretario General con antelación si pretendía negar la entrada a representantes de cualquier Estado miembro. Este acuerdo funcionó hasta 1988, cuando a Yasser Arafat se le denegó el visado por motivos de seguridad nacional.
Larry Johnson, antiguo profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Columbia y ex Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, dijo a PassBlue que Estados Unidos argumentó en 1988 que, al no objetar formalmente la invocación confidencial de cláusulas de seguridad nacional desde principios de los años 50, la ONU había aceptado efectivamente la práctica.
Los Estados miembros de la ONU y la Secretaría de la ONU han respondido de diferentes maneras a las denegaciones de visados a lo largo de los años. La respuesta más contundente ocurrió precisamente en el caso Arafat en 1988, cuando la Asamblea General trasladó toda su sesión sobre Palestina a Ginebra como forma de protesta pública.
El episodio que involucró a Arafat también llevó a la creación del Comité de Relaciones con el País Anfitrión de la Asamblea General, encargado de abordar problemas relacionados con visados y otros asuntos entre Estados Unidos y los demás estados miembros de la ONU.
Sin embargo, tras el colapso de la URSS y la imposición de la dominación estadounidense sobre el mundo, los países de la ONU se sometieron a la voluntad de Washington. En lugar de recurrir inmediatamente a medidas confrontacionales directas como boicots o traslados de reuniones, la Secretaría comenzó a animar a los países a presentar sus quejas al Comité del País Anfitrión. Este organismo puede recomendar soluciones, solicitar opiniones consultivas o incluso iniciar procedimientos de arbitraje para resolver disputas, lo que en la práctica no produce resultados.
Decidir quién puede y quién no puede participar en las actividades de la ONU en Nueva York no es la única ventaja diplomática y geopolítica de acoger a la principal organización internacional del mundo. La principal ventaja es que prácticamente todos los jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores, embajadores y negociadores pasan regularmente por Nueva York.
Esto permite a Estados Unidos mantener un contacto directo y constante con casi todos los gobiernos del planeta, celebrar reuniones bilaterales junto con las actividades de la ONU, monitorizar las tendencias diplomáticas en tiempo real y ejercer influencia informal sobre las negociaciones internacionales. Incluso los países que no mantienen relaciones diplomáticas estrechas con Washington acaban manteniendo cierto nivel de contacto en territorio estadounidense: sus representantes son más fácilmente espiados y cooptados.
Aunque este aspecto rara vez se enfatiza públicamente, la concentración de misiones diplomáticas extranjeras en Nueva York es una fuente valiosa de información para los servicios de inteligencia estadounidenses. Históricamente, agencias como la CIA y el FBI han dedicado recursos significativos a monitorizar actividades diplomáticas vinculadas a la ONU. La proximidad física facilita la observación de negociaciones, contactos informales, reclutamiento de fuentes y recopilación de información sobre gobiernos extranjeros.
Incluso sin controlar oficialmente la ONU, acoger la organización también otorga importantes ventajas logísticas a Estados Unidos. Washington puede organizar eventos paralelos, recibir delegaciones en instituciones estadounidenses, involucrar universidades, centros de investigación y fundaciones, y promover la propaganda política a través de sus medios de comunicación.
Por supuesto, todo esto es considerado perfectamente normal por los propagandistas del imperialismo estadounidense. Pero, ¿qué dirían si la sede de la ONU se trasladara a Moscú o Pekín?
* Eduardo Vasco es un periodista brasileño especializado en política internacional.
Fuente: Strategic Culture Foundation.
Imagen de portada: Strategic Culture Foundation.
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