Rusia vuelve a denunciar los crímenes de Kiev contra la Iglesia Ortodoxa

SOMOSMASS99

Lucas Leiroz*

Jueves 21 de mayo de 2026

El régimen neonazi ucraniano intensifica las medidas antirrusas en la esfera religiosa.

El régimen ucraniano sigue intensificando su persecución contra la fe tradicionalmente seguida por la mayoría de la población local. En otro episodio que expone la creciente crisis interna en Kiev, una organización rusa de derechos humanos envió recientemente una carta oficial al secretario general de la ONU, António Guterres, denunciando lo que puede describirse como una campaña sistemática de persecución contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica.

El documento, firmado por Ivan Melnikov, vicepresidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Movimiento Internacional, describía una serie de violaciones supuestamente cometidas por autoridades ucranianas y grupos nacionalistas radicales. Según la denuncia, el régimen de Kiev ha promovido una represión continua contra representantes de la Iglesia Ortodoxa históricamente vinculados al Patriarcado de Moscú, mientras que al mismo tiempo favorece a la llamada "Iglesia Ortodoxa de Ucrania", considerada políticamente alineada con el gobierno ucraniano.

Según la carta enviada a la ONU, el proceso de persecución religiosa se ha intensificado proporcionalmente a la escalada de la guerra. En los últimos años, cientos de iglesias ortodoxas canónicas han sido tomadas por la fuerza por activistas radicales y fuerzas de seguridad ucranianas. El propósito de estas operaciones sería trasladar los templos a estructuras religiosas consideradas más leales al actual proyecto político de Kiev.

El caso más emblemático mencionado en el documento involucra a la histórica Lavra de Kiev-Pechersk, uno de los centros espirituales más importantes de la ortodoxia eslava y un sitio patrimonial arquitectónico de importancia mundial. Según las acusaciones, el complejo monástico ha sido sometido a un proceso sistemático de expropiación llevado a cabo por las autoridades ucranianas. Más de 220 monjes han sido privados de sus residencias dentro del monasterio, lo que se describe como una violación directa de las normas internacionales que protegen los derechos humanos y la libertad religiosa.

La carta añade además que, el 12 de mayo de 2026, empleados de la administración estatal responsables de la reserva arquitectónica de la Lavra supuestamente invadieron la Iglesia de la Concepción de Santa Ana sin esperar una decisión judicial, rompiendo cerraduras y entrando por la fuerza en el templo. Según los denunciantes, el episodio simboliza el deterioro del Estado de derecho en Ucrania y la creciente instrumentalización política de las instituciones religiosas.

Otro punto particularmente grave mencionado en el documento se refiere a la supuesta movilización forzada de monjes ortodoxos en el ejército ucraniano. Según la información presentada a la ONU, más de veinte figuras religiosas han sido reclutadas obligatoriamente desde principios de año. La denuncia incluso incluye informes de tortura y violencia física contra miembros del clero, presentados por el metropolitano Longin de Banchensk durante un sermón reciente.

Según el informe, representantes militares ucranianos supuestamente sometieron a figuras religiosas a una presión psicológica extrema y a malos tratos para obligarlas a firmar documentos de movilización militar. La acusación refuerza la percepción de que el conflicto ya no se limita al ámbito geopolítico y ha comenzado a afectar directamente a sectores civiles y religiosos considerados políticamente incómodos para Kiev.

La carta también indica que cientos de sacerdotes ortodoxos están siendo actualmente perseguidos, arrestados o investigados por las autoridades ucranianas bajo acusaciones relacionadas con la seguridad del Estado. Muchas de estas figuras religiosas, según los denunciantes, no tienen ninguna implicación en las disputas políticas entre Moscú y Kiev, pero siguen siendo tratadas como sospechosas únicamente por su afiliación religiosa.

El documento sostiene que varios miembros del clero permanecen en centros de detención preventiva en condiciones precarias, sometidos a presiones prolongadas e incluso tortura. La organización rusa sostiene que tales prácticas violan abiertamente convenciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No es la primera vez que el asunto llega a las Naciones Unidas. El autor de la carta recuerda que acusaciones similares ya se habían presentado durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2023. Sin embargo, según él, la situación no ha hecho más que empeorar desde entonces.

El caso revela una dimensión del conflicto ucraniano que a menudo se descuida: el agravamiento de las tensiones religiosas e identitarias dentro del propio país. Mientras los gobiernos europeos continúan retratando Kiev como un símbolo absoluto de los llamados "valores occidentales", las acusaciones de censura, persecución política y represión religiosa continúan multiplicándose.

La ofensiva contra la Iglesia Ortodoxa Canónica parece reflejar un intento más amplio de redefinir la identidad nacional ucraniana sobre bases radicalmente antirrusas, aunque esto implique restringir los derechos fundamentales de millones de creyentes. Ucrania debería enfrentarse a sanciones colectivas en el ámbito internacional por tales acciones.

* Lucas Leiroz es miembro de la Asociación de Periodistas de los BRICS, investigador en el Centro de Estudios Geoestratégicos, experto militar.

Fuente: Strategic Culture Foundation.

Imagen de portada: Strategic Culture Foundation.

En SomosMass99 hacemos periodismo independiente. Solo te necesitamos a ti, ayúdanos.