La arquitectura de la exclusión: la ofensiva global contra el derecho a migrar
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Carmen Nava Reyes* / SomosMass99
Lunes 6 de abril de 2026
Desde las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos estadounidenses, hasta la aprobación del polémico Reglamento de Retorno en la Unión Europea, el mundo asiste a una "ICE-ización" de las políticas migratorias. La lCE-ización está caracterizada por la externalización de fronteras, la detención prolongada y la criminalización de personas sin documentos, lo que está generando una crisis de derechos humanos sin precedentes que ya suma víctimas mortales y demandas ante organismos internacionales.
Paradójicamente, esta ofensiva ocurre en un momento donde la migración es más vital que nunca para la estabilidad financiera global. Mientras las derechas globales levantan muros (físicos y legales), los flujos de remesas hacia países del Sur Global alcanzaron los 905 mil millones de dólares en 2024, superando con creces la Inversión Extranjera Directa (IED) en muchos de estos países. Estamos ante una paradoja: la economía de muchas naciones depende del esfuerzo del migrante, pero la política global se esmera en despojarle su dignidad.
Chile: El retroceso bajo José Antonio Kast
En Chile, el presidente José Antonio Kast, ha cumplido una de sus promesas de campaña más agresivas: frenar la regularización de 182 mil inmigrantes. Este proceso, impulsado por el expresidente Boric, buscaba integrar a personas que ya habían cumplido con los requisitos estatales, incluyendo la entrega de datos biométricos y domicilios. Desde el Movimiento de Acción Migrante, se advierte sobre el peligro de esta política de “empadronamiento fallido” mediante el cual miles de personas están ahora plenamente identificadas y localizables por un Gobierno que ha jurado expulsarlas. Asimismo, señala que, a pesar de la nueva narrativa oficial que vincula la migración con el caos, la realidad económica contradice este discurso: la población migrante aporta el 10% del PIB a la economía chilena.
Argentina y el DNU de Milei
En mayo 2025, el Gobierno argentino de Javier Milei puso fin a la tradición argentina de acogida al migrante a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que restringe el acceso de extranjeros a servicios públicos esenciales como la salud y la educación, en el trasfondo una discriminación peligrosa. Al utilizar un DNU, Milei esquivó el debate legislativo para imponer una política de sospecha sistemática. Argentina, un país construido por flujos migratorios, ve ahora cómo el derecho a la salud se transforma en un privilegio sujeto a una documentación perfecta, rompiendo el modelo que caracterizó a la nación por décadas.
El CECOT expone el rol de El Salvador en la violacion de DD. HH.
Dieciocho de los 250 venezolanos que estuvieron presos ilegalmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) han interpuesto una denuncia formal ante la Corte Interamerivans de Derechos Humanos (CIDH). Ellos fueron trasladados sin juicio desde puestos de detención de migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica al CECOT, junto a supuestos miembros de pandillas de origen salvadoreño de alta peligrosidad, hasta su liberación y repatriación a Venezuela en julio de 2025. Esto, además, no como reconocimiento de un error jurídico, sino como resultado de negociaciones diplomáticas entre las administraciones de Nicolás Maduro y Donald Trump, sin participación del Gobierno de El Salvador, cuya actuación refuerza la tesis del surgimiento de un sistema que ha convertido la persecución a la migración en un negocio, en el que países reciben recursos y legitimidad política a cambio de gestionar el encarcelamiento extraterritorial de migrantes, convirtiendo la movilidad humana en un medio de canje geopolítico.
México y la denuncia ante la letalidad del ICE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha marcado una línea roja frente a la violencia institucional del ICE. El Gobierno mexicano anunció que llevará ante la CIDH los casos de connacionales fallecidos bajo custodia o en operativos, que suman ya 14 víctimas.
A pesar de las constantes quejas diplomáticas, las respuestas del Departamento de Estado estadounidense han sido evasivas. La retórica de mano dura ha permeado las fuerzas operativas, resultando en procedimientos donde la vida del migrante es secundaria frente al objetivo de la detención. México busca que estos operativos dejen de ser vistos como acciones de seguridad interna y empiecen a ser juzgados como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Europa y el “Reglamento de Retorno”
En Europa, el Parlamento más derechista de la historia ha ratificado el Reglamento de Retorno, una normativa que representa la capitulación de los valores liberales europeos. Los puntos clave son:
Hubs de Retorno: Externalización de la detención a países extracomunitarios con vigilancia opaca.
Detenciones de 24 Meses: Extensión del internamiento para personas irregulares hasta por dos años.
Retirada de Derechos: Eliminación de prestaciones sociales y prohibiciones de entrada de por vida.
Alianzas con gobiernos cuestionados por violaciones de DDHH: Se negociará deportaciones a países con regímenes como el de los talibanes en Afganistán.
Organizaciones como PICUM alertan sobre la creación de “agujeros negros legales”, la incorporación de prácticas como las redadas y deportaciones masivas que caracterizan la icestilización de Trump, justificándose en que solo se ejecuta el 20% de las órdenes de expulsión.
El colapso en EE. UU.: el ICE en los aeropuertos
En marzo de 2026, el país enfrenta un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a desacuerdos presupuestarios sobre la represión migratoria. Esto ha llevado a que agentes del ICE asuman el control de seguridad en aeropuertos ante la renuncia de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). El ICE actúa ahora como el primer contacto de cualquier viajero, borrando la línea entre seguridad aeroportuaria y persecución étnico-racial.
La economía del migrante: la realidad ignorada
Mientras las derechas globales promueven la hostilidad, los datos del 2024 revelan una realidad económica ineludible. Las remesas a países de ingresos bajos y medios (PIBM) alcanzaron los 656 mil millones de dólares.
En países como Tonga (41% del PIB), Tayikistán (39%) y Nicaragua (27%), la migración es uno de los motores de la economía gracias a las remesas.
En el caso de México e India, recibieron 120 mil millones y 66 mil millones de dólares respectivamente. Estos superan con creces la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a países beneficiarios.
El capitalismo sí conoce su importancia y se apropia: las remesas cuestan al migrante una tasa (6,4% promedio mundial) por envío.
El panorama en el recién estrenado 2026 revela que estamos ante un cambio global profundo, no para mejor. La muerte de personas en operativos del ICE y la nueva arquitectura legal de la UE configuran un mundo donde la movilidad humana es criminalizada en niveles nunca antes vistos, luego que la extrema derecha global lograra imponer su ideología en el marco legal y político, con una estrategia para precarizar a los y las trabajadores migrantes, a quienes se utiliza para obtener recursos, mediante tasas sobre sus remesas y el consumo, pero se les persigue y restringe derechos en los países donde producen.
Con respecto a la migración, estamos ante fuerzas que buscan enterrar el concepto de derechos humanos universales, de la misma forma como lo están haciendo con el derecho internacional y el orden mundial basado en reglas.
* Carmen Navas Reyes es una politóloga venezolana, con maestría en Ecología para el Desarrollo Humano (UNESR). Actualmente cursa un doctorado en Estudios de Nuestra América en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) en Venezuela. Forma parte del Consejo Asesor Internacional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Este artículo es producido por Globetrotter.
Foto de portada (ilustrativa): Organizaciones Internacional para las Migraciones.
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