Honduras: regresa la ofensiva para privatizar áreas enteras del país
SOMOSMASS99
Giorgio Trucchi*
Martes 3 de noviembre de 2026
Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) permiten a las empresas extranjeras administrar territorios con sus propias normas, tribunales y sistemas fiscales. Los movimientos populares se están movilizando contra la rendición de la soberanía nacional.
Uno de los temas centrales que encendió las campañas electorales de 2021 y 2025 en Honduras, marcando una división casi irreparable en el país, fue, sin duda, el controvertido proyecto de Zonas Económicas Especiales de Desarrollo (ZEDE). Durante años, los promotores de estos enclaves han promovido promesas de empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias que siguen viviendo—o más bien, sobreviviendo—por debajo del umbral de pobreza. Las raíces de esta compleja historia se remontan a 2011, cuando el Congreso Nacional modificó varios artículos de la Constitución hondureña para aprobar las regulaciones de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como "ciudades con carta" o "ciudades modelo".
Concebidas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED encarnaban el sueño neoliberal de colocar vastas porciones del territorio nacional fuera de la jurisdicción estatal y concederles un grado muy alto de autonomía. Estos feudos privados se ofrecieron indefinidamente a capital multinacional bajo el supuesto objetivo de generar empleo. Frente a este sistema, que surgió de un torpe intento de mitigar la profunda crisis política, económica y social desencadenada tras el golpe cívico-militar de 2009, organizaciones sociales, grupos ciudadanos espontáneos, fuerzas políticas y expertos legales se movilizaron de inmediato, contando con el apoyo de amplios sectores de la sociedad.
Se recogieron firmas en todo el país y se presentaron más de 50 recursos por inconstitucionalidad. Simultáneamente, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho acusó formalmente al entonces presidente Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández y a nada menos que a 126 miembros del Congreso de traición. La oposición legal logró su primera victoria histórica en octubre de 2012: el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010, que creó las RED (Entidades de Desarrollo Regional). La sentencia confirmó la posición de cuatro de los cinco jueces de la Cámara Constitucional, que habían aceptado los numerosos recursos presentados, poniendo de manifiesto la flagrante violación de principios constitucionales fundamentales, principalmente la forma de gobierno y la soberanía nacional. Cuando se ven amenazados los enormes intereses de las oligarquías locales y sectores del sistema bipartidista tradicional estrechamente vinculado a ellas, así como los flujos de grandes capitales internacionales, la reacción solo puede ser inmediata y violenta.
En diciembre de ese mismo año, el Congreso —encabezado por Juan Orlando Hernández, quien estaba destinado a convertirse en jefe de Estado antes de ser arrestado y condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas en Estados Unidos— inició un proceso de destitución. La medida se presentó como un verdadero golpe técnico-institucional, que llevó a la destitución arbitraria de los cuatro magistrados "rebeldes".
Una vez eliminado el obstáculo legal, en enero de 2013 la mayoría bipartidista en el Parlamento aprobó una nueva reforma constitucional para establecer las actuales ZEDEs (Decreto 236-2012), que se consolidaron ocho meses después con la Ley Orgánica (Decreto 120-2013). En esencia, el nuevo esquema replicaba la estructura de las RED: distritos territoriales concedidos a inversores extranjeros bajo un régimen de absoluta autonomía política, fiscal, aduanera, judicial, laboral y de seguridad pública.
A pesar del rápido proceso legislativo, pasaron casi siete años antes de que se abriera realmente la primera zona económica especial (ZEDE Próspera). La pionera ZEDE Próspera, situada en la isla caribeña de Roatán, fue cedida al consorcio Honduras Próspera LLC, propiedad del financiero venezolano-estadounidense Erick A. Brimen. El modelo de negocio de Brimen está respaldado por fondos de capital riesgo de Silicon Valley liderados por figuras como Peter Thiel y Sam Altman.
En mayo de 2021, el Congreso aprobó otra reforma controvertida para ampliar drásticamente las exenciones y beneficios fiscales para los inversores. La gestión y regulación de estas concesiones fue confiada al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), un organismo cuyos miembros, nombrados por el Poder Ejecutivo, eran figuras de absoluta confianza para Hernández. Para completar el panorama de esta renuncia a la soberanía, a mediados de junio del mismo año, el Tribunal Supremo estableció una Jurisdicción Especial para las ZEDEs, destinada a operar según el modelo de common law, un sistema completamente ajeno a la cultura y tradiciones jurídicas del país.
Junto al proyecto faraónico de Roatán, se formaron las únicas otras dos iniciativas operativas: Ciudad Morazán (Choloma), fundada por el empresario italiano Massimo Mazzone para operar en el sector maquiladora, y Orquídea (San Marcos de Colón), un megaproyecto agroindustrial centrado en la exportación de hortalizas.
En el ámbito social, la resistencia a esta reconfiguración geopolítica ya había comenzado en 2020, cuando la comunidad de Crawfish Rock se rebeló contra el proyecto Próspera. La protesta surgió a raíz de la denuncia de la completa ausencia de consultas previas, libres e informadas, lo que constituía una flagrante violación de la Convención 169 de la OIT relativa a los Pueblos Indígenas y Tribales. Esta movilización llevó a la creación de la Alianza en Defensa de las Islas de la Bahía, que, en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y varios movimientos sociales, lanzó la campaña nacional "Honduras no está en venta".
En su informe demoledor "Los pecados capitales de los ZEDEs", la CNA no solo denunció su inconstitucionalidad, sino que también solicitó formalmente que los promotores y simpatizantes políticos fueran procesados por traición. La acusación reveló la anatomía de un "estado dentro del estado": supuestamente los ZEDEs tenían el poder de dictar regulaciones internas, establecer jueces independientes, recaudar impuestos y acuñar moneda. Además, supuestamente administraban la seguridad, la inteligencia, las prisiones, la salud y la educación de forma independiente, con la autoridad para llevar a cabo expropiaciones fuera del control estatal y conceder a extranjeros tierras que, según la Constitución, están reservadas exclusivamente para los hondureños.
El descontento se extendió rápidamente a sindicatos, universidades y asociaciones profesionales. La Asociación de Abogados de Honduras identificó al menos ocho puntos de clara inconstitucionalidad, acuñando el término "ilegalidad" para describir cómo los inversores explotaban científicamente lagunas legales para legitimar concesiones y apropiaciones de tierras. Simultáneamente, la Asociación Médica denunció la violación del derecho a la salud y de las normativas que rigen el registro profesional, acusando al Estado de haber abdicado de su papel como garante de derechos fundamentales y de cederlos arbitrariamente a CAMP.
En este contexto, el Foro Social Hondureño sobre Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH) destacó en sus informes cómo la crisis sistémica del país, resultado de políticas neoliberales, se había explotado para allanar el camino a grandes corporaciones transnacionales. FOSDEH señaló que Honduras siempre había operado con una economía enclave, pero advirtió que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) representaban una forma extrema y perniciosa de este sistema, capaz de crear centros privados de poder que pudieran ejercer influencia sobre el Estado y transformar estas áreas en paraísos fiscales o paraísos para capital ilícito.
"Este es un proyecto político bien definido, un modelo perverso de vaciar y liquidar el territorio nacional y expulsar comunidades", explicó Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). El líder garífuna, al frente de un campamento permanente ante la Corte Suprema, siempre ha trazado una línea de continuidad histórica entre las antiguas concesiones mineras y bananeras y el absolutismo de las ZEDEs (Zonas Especiales de Desarrollo Económico). La movilización popular exige la derogación de la ley que protege a los sectores agroindustrial, turístico y energético facilitando desalojos, así como la liberación de activistas detenidos. Para Miranda, "Honduras se ha reducido a un laboratorio geopolítico" en el que "están experimentando con la destrucción de instituciones y soberanía, legitimando la expulsión de poblaciones indígenas y campesinas para dar paso a nuevos enclaves."
La naturaleza profunda y transnacional de esta operación ha quedado al descubierto en toda su gravedad tras el escándalo internacional conocido como Hondurasgate. La publicación de decenas de grabaciones interceptadas ha destapado un supuesto complot geopolítico de ocupación territorial y desestabilización regional, orquestado por el antiguo régimen de Juan Orlando Hernández en alianza con el gobierno de derechas de Nasry Asfura y potencias extranjeras. En estas grabaciones, la creación de las ZEDEs (Zonas Especiales de Desarrollo Económico) no se presenta como un mero proyecto económico, sino como el elemento clave de una estrategia israelí-estadounidense destinada a transformar el país en una plataforma militar y de inteligencia conservadora en el continente.
Las grabaciones revelan la estructura de una interferencia profundamente arraigada, alimentada por la masiva afluencia de capital especulativo y tecnológico protegido por el poder político. Detrás de esto hay desinformación inquietante y operaciones encubiertas de financiación diseñadas para atacar a gobiernos progresistas de la región y neutralizar la oposición interna, confirmando que la soberanía hondureña había sido literalmente subastada a intereses extranjeros y extractivos.
El cambio político se materializó con la investidura de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), quien convirtió la derogación de las ciudades modelo en un evento clave.un pilar de su programa. En abril de 2022, siguiendo el ejemplo del presidente, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la derogación de la reforma constitucional y de la Ley Orgánica de las ZEDEs, poniendo fin a un sistema que el poder ejecutivo calificó de "criminal" y perjudicial para la soberanía nacional. Para proteger al país de represalias legales por parte de consorcios extranjeros en tribunales arbitrales, en 2024 la administración Castro dio un paso más notificando a Honduras su retirada del Convenio del CISID, el órgano arbitral del Banco Mundial. Unos meses después, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las ZEDEs por completo y ex tunc y decretó que los proyectos surgidos de esa legislación debían considerarse nulos y sin efecto desde su inicio.
El regreso al poder de los partidos tradicionales en 2026, bajo el liderazgo del presidente conservador Nasry Asfura, cambió drásticamente el panorama, reabriendo la relación con los mercados internacionales. En marzo, Asfura firmó la reincorporación formal de Honduras al CISI, que entró en vigor oficialmente el 16 de agosto de 2026. Aunque el gobierno considera esto un paso esencial para restaurar la "seguridad jurídica" y atraer capital, las organizaciones de base denuncian este giro de 180 grados como una vez más que expone al país a reclamaciones de indemnización devastadoras.
A pesar de la resolución nula del Tribunal Supremo, el conflicto se ha trasladado a las salas de los tribunales de arbitraje internacional. Allí, las multinacionales están resistiendo ferozmente, invocando acuerdos de libre comercio como el CAFTA-DR, firmados por Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
La sociedad matriz con sede en Estados Unidos, Honduras Próspera LLC, ha presentado una demanda colosal contra el Estado ante el Centro Internacional para la Solución de Disputas de Inversiones (ICSID), imponiendo una gran carga sobre el presupuesto nacional. Próspera también ha lanzado un contundente desafío a las sentencias de los tribunales nacionales ordenando una gran expansión territorial en la isla de Roatán, incorporando doce nuevas propiedades que suman más de 737.000 metros cuadrados. La superficie bajo su control ha aumentado así a 3,2 millones de metros cuadrados, ocupando casi el 4% de toda la isla.
Para el movimiento opositor, la isla corre el riesgo de convertirse en una cabeza de puente permanente para el capital especulativo y la inteligencia israelí-estadounidense. Esta flagrante muestra de poder financiero —culminando en Roatán con el Retiro Empresarial 2026, un evento muy reservado que reunió a las principales figuras del capital especulativo transnacional— ha reavivado de inmediato las llamas de la protesta social en todo el país.
La comunidad de Crawfish Rock y los movimientos de base han denunciado las anexiones de facto para consolidar una política de ocupación territorial. Mientras tanto, los grupos de oposición política y social exigen urgentemente una comisión parlamentaria de investigación para detener lo que definen como un abuso intolerable, apoyado por el silencio cómplice del sistema bipartidista.
"El desmantelamiento de los ZEDEs no es solo una batalla legal; representa el epicentro de una lucha histórica por recuperar la identidad y dignidad de nuestra República", explicó Fernando García, economista y figura clave en la coordinación institucional contra los enclaves, a Pagine Esteri. Según este destacado economista, la obstinación de los consorcios extranjeros en los tribunales arbitrales demuestra cómo Honduras ha sido despojada de sus instrumentos soberanos, transformando las fronteras nacionales en una mercancía regulada por entidades privadas transnacionales. El verdadero desafío que espera a los movimientos populares e instituciones democráticas en los próximos años —continuó García— no radica solo en resistir el chantaje multimillonario del CISI, sino en reconstruir por completo el tejido democrático, erradicando de una vez por todas la cultura de sumisión legal que ha permitido la aparición de verdaderos microestados dentro de nuestro territorio nacional.
"Logramos detener el establecimiento de 64 ZEDEs, y solo tres permanecen operativos." Desgraciadamente, las apuestas son enormes, y los multimillonarios extranjeros están regresando, como demuestra ampliamente la flagrante anexión territorial de Roatán y el reciente suceso celebrado en la isla. Honduras—explica el experto—está actualmente al borde del colapso, y el verdadero riesgo es su desaparición gradual como estado soberano. Lo que los defensores del libertarismo más radical intentan demostrar es que los Estados-nación deben dar paso a ciudades tecnológicas privadas. Ya no se trata simplemente de reducir el Estado, sino de decretar su desaparición total. Esta es una advertencia que no solo preocupa a Honduras y su pueblo, sino a todas las naciones de la región.
* Giorgio Trucchi es periodista, radicado en Centroamérica desde 1998, es corresponsal de la Agencia Rel UITA y colabora con diferentes medios internacionales, entre otros, Kaos en la Red, Peacelink, Pressenza, Rebelión, Tercera Información. También ha colaborado con ALAI e Alba Sud, con el periódico digital Opera Mundi de Sao Paulo de Brasil y coordina el blog de noticias y la lista informativa “Nicaragua y más” (LINyM). En 2005 y 2009 recibió el Premio Derechos Humanos al Periodismo, otorgado por el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Brasil. En 2025 recibió el premio «Mártires de la Resistencia - Lorenzo Zelaya», instituido por la Presidencia de la República de Honduras.
Fuente: Internacionalista 360º.
Imágenes de portada e interiores: Internacionalista 360º.
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