El acuerdo petrolero de Trump con Venezuela: imperialismo por contrato
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Salman Rafi Sheikh*
Jueves 29 de octubre de 2026
Washington no destituyó al presidente venezolano solo para cambiar su gobierno; ahora está construyendo un sistema de control económico diseñado para sobrevivir a los políticos que lo crearon.
Del cambio de régimen al control de recursos
Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, Donald Trump presentó la operación como una demostración decisiva del poder estadounidense. Nueve meses después, las consecuencias más duraderas de esa intervención se hacen visibles. No se refieren solo a quién gobierna Venezuela, sino a quién controla su petróleo, quién se beneficia de su extracción y quién posee la autoridad para determinar su futuro económico.
Una investigación extraordinaria publicada por ProPublica el 20 de octubre revela los términos de un acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. El acuerdo otorga a Washington una participación del 35 por ciento en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía petrolera privada venezolana dirigida por el multimillonario Alejandro Betancourt. También otorga a Estados Unidos el derecho de comprar el 20 por ciento de la producción de la empresa a un precio rebajado de 30 dólares por barril, además de derechos prioritarios de compra sobre la producción restante durante 50 años.
La importancia del acuerdo va más allá de estos privilegios comerciales. Sus arreglos de gobernanza parecen deliberadamente estructurados para proteger los intereses estadounidenses frente a futuras interferencias políticas. La mayoría de los siete miembros del consejo de la empresa deben ser ciudadanos estadounidenses, mientras que ninguna disposición requiere representación gubernamental venezolana. La junta inicial determinará cómo se seleccionan sus sucesores, y la destitución de Betancourt como director ejecutivo requiere una votación por mayoría absoluta.
Estas disposiciones revelan algo importante sobre el carácter cambiante del imperialismo estadounidense. Washington no busca una anexión territorial formal. En cambio, utiliza la propiedad corporativa, privilegios contractuales y salvaguardas institucionales para establecer influencia sobre los recursos estratégicos de otro país.
La distinción importa. El imperialismo nunca ha dependido exclusivamente de la conquista territorial. Su característica definitoria ha sido a menudo la distribución desigual del poder entre estados, especialmente la capacidad de los países poderosos para moldear las opciones económicas disponibles para los más débiles.
Venezuela ofrece un ejemplo especialmente revelador porque el acuerdo sigue a una intervención militar estadounidense que alteró fundamentalmente el liderazgo político del país. El posterior acuerdo petrolero plantea una pregunta que no puede responderse solo con cálculos comerciales: ¿puede un país ejercer una soberanía económica significativa cuando una potencia externa ha ayudado a determinar su transición política y posteriormente ha adquirido privilegios excepcionales sobre su recurso más valioso?
La arquitectura corporativa del imperialismo
El dominio económico estadounidense en América Latina tiene una larga historia. Desde la Doctrina Monroe de 1823 hasta las intervenciones del siglo XX en Centroamérica y el Caribe, Washington trató repetidamente el hemisferio como una esfera privilegiada de influencia. El nuevo acuerdo petrolero de Venezuela recuerda esta historia, pero con una arquitectura institucional distintiva.
El Estado estadounidense no solo protege a inversores privados que operan en el extranjero. Se está convirtiendo en inversor a título de inversor, adquiriendo la propiedad de una empresa extranjera a través de una estructura que involucra a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Esto crea una convergencia inusual de instituciones militares, intereses comerciales y política exterior.
El acuerdo también plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas. La empresa matriz de NABEP está registrada en Barbados, donde las normas de secreto corporativo pueden proteger la identidad de algunos inversores. Betancourt ha enfrentado investigaciones por blanqueo de capitales en varios países, aunque no ha sido acusado penalmente y niega haber tenido irregularidades. No obstante, Washington ha elegido a su empresa como el eje central de un acuerdo que implica potencialmente enormes privilegios económicos. Aún más revelador es la distribución de beneficios exigibles.
Según ProPublica, el acuerdo no contiene ninguna garantía contractual explícita de que Venezuela reciba los 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos proyectados por la Casa Blanca. Las disputas entre Washington y la empresa deben resolverse bajo la ley estadounidense, con el procedimiento asignado a un tribunal federal en Texas. Esto no elimina la autoridad legal de Venezuela sobre su territorio ni invalida automáticamente sus leyes internas. Sin embargo, sitúa la relación contractual principal de la sociedad dentro de la jurisdicción legal estadounidense.
La duración propuesta de las concesiones petrolíferas subyacentes introduce otra contradicción. Los funcionarios estadounidenses han descrito concesiones que duran 100 años, aunque la cifra no aparece en el propio acuerdo de asociación estratégica. Estos arreglos se asemejan a lo que los economistas políticos describen como imperio informal: el ejercicio del poder a través de instituciones económicas y relaciones desiguales en lugar de una administración colonial directa.
La administración Trump ofrece una interpretación diferente. Sostiene que la asociación atraerá inversiones, reactivará la producción petrolera venezolana y generará beneficios económicos sustanciales. El presidente interino Delcy Rodríguez ha defendido de manera similar el acuerdo, sosteniendo que Venezuela mantiene la soberanía sobre sus recursos. Estas afirmaciones merecen consideración. La industria petrolera venezolana requiere una inversión sustancial, y la participación extranjera no es inherentemente incompatible con la soberanía. La distinción relevante es entre la inversión negociada bajo condiciones de autonomía política y los acuerdos moldeados por un poder coercitivo externo extraordinario.
Tampoco está asegurada la implementación del acuerdo. Documentos importantes siguen en negociación, persisten cuestiones legales y la expansión de la producción requerirá años de inversión. Sin embargo, estas incertidumbres no disminuyen la importancia de la estructura contractual. Subrayan cuánto poder político y económico se está comprometiendo antes de que se materialicen los beneficios prometidos.
El regreso de la Doctrina Monroe
El acuerdo venezolano también señala una ambición geopolítica más amplia. En su anuncio del 31 de agosto, la Casa Blanca vinculó explícitamente la asociación petrolera con la recuperación de la Doctrina Monroe y el desplazamiento de la influencia china y rusa del hemisferio occidental.
Esta admisión es trascendental. Washington presenta el acceso a los recursos venezolanos no solo como una oportunidad comercial, sino como un instrumento de competencia geopolítica. Las concesiones petroleras, la gobernanza corporativa y los acuerdos de suministro se convierten en mecanismos a través de los cuales se afirma el poder estadounidense frente a los estados rivales.
La implicación es que la soberanía económica en América Latina podría depender cada vez más de si los gobiernos acomodan las preferencias estratégicas de Washington. Los países que buscan inversión de potencias rivales podrían enfrentarse a una presión creciente para reorganizar sus relaciones económicas en torno a los intereses estadounidenses.
Sin embargo, esta estrategia contiene una contradicción. Al intentar proteger los privilegios económicos de futuros cambios políticos, Washington corre el riesgo de socavar la transición democrática que afirma apoyar. Un futuro gobierno venezolano electo podría heredar obligaciones negociadas por autoridades interinas en circunstancias políticas excepcionales, con margen limitado para reconsiderar sus mandatos.
Esto crea la posibilidad de un nuevo ciclo de confrontación. Los gobiernos que buscan recuperar el control sobre industrias estratégicas podrían impugnar acuerdos que Washington considera esenciales para su seguridad nacional. Los desacuerdos comerciales podrían, en consecuencia, convertirse en crisis geopolíticas. La cuestión más profunda, por tanto, no es si las empresas estadounidenses se beneficiarán del petróleo venezolano. Es si Washington está estableciendo un precedente en el que la intervención militar se convierta en una puerta de entrada al control económico a largo plazo.
Si ese precedente sobrevive, la siguiente fase del imperialismo estadounidense podría requerir menos ocupaciones y más contratos. Su durabilidad dependerá menos de la capacidad para conquistar territorio que de la capacidad de hacer que los arreglos económicos desiguales sean política y legalmente difíciles de revertir.
* Salman Rafi Sheikh, analista de investigación en relaciones internacionales y asuntos exteriores e internos de Pakistán.
Fuente: New Eastern Outlook.
Imagen de portada: New Eastern Outlook.
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